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Enviado el: martes, 22 de abril de 2008 14:59
Para: RIMA
Asunto: [RIMA] Los proxenetas tranquilos, el tío Sam satisfecho
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Tomado de Indymedia Géneros (( i ))
Publicado el Saturday, Apr. 19, 2008 at 1:24 PM Difundido por RIMA - Red
Informativa de Mujeres de Argentina
Los proxenetas tranquilos, el tío Sam satisfecho
Por Colectivo de Géneros de Indymedia Argentina
El miércoles 9 de abril, el Congreso aprobó la Ley de Trata y Tráfico de
Personas. La polémica ley fue impulsada por el poder ejecutivo, luego que
Estados Unidos (el gendarme del mundo) considerara a la Argentina como "país
en observación", por no contar con una ley federal que reprima esta practica
delictiva. El proyecto fue impulsado por el actual Ministro de Justicia
Aníbal Fernández y defendida en el Senado y en el Congreso por la
legisladora oficialista Vilma Ibarra<.
El proyecto, ahora ley, fue fuertemente resistido por organizaciones
feministas y sociales que luchan contra este flagelo, por considerar que no
sirve para perseguir a proxenetas y tratantes, y mucho menos para garantizar
los derechos humanos de las víctimas. Esto se debe a que la ley hace una
diferencia entre víctimas mayores y menores de 18 años, debiendo las
primeras probar que fueron engañadas, violentadas, torturadas y/o abusadas.
En este punto, la ley y sus impulsores caen en dos falacias: la primera, es
suponer que puede existir alguna persona capaz de consentir su propia
esclavitud; la segunda, en el caso de la prostitución, es creer que en un
país empobrecido (con más de la mitad de la población bajo la línea de la
pobreza), una mujer puede elegir libremente entre prostituirse o buscar otra
forma de sustentar sus necesidades básicas.
Sin embargo la ley llega más lejos, al modificar el art. 145 del Código
Penal, establece una sanción para quien "captare, trasportare o trasladare,
dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas".
Curiosamente, esta ley se "olvida" de aquellos que se benefician o quienes
organizan esta situación. En otras palabras, la ley protege a los
organizadores de la trata de personas, sancionando solo a los que hacen el
trabajo sucio. Por ejemplo, pueden ser sancionados los empleados de los
burdeles pero no los dueños del negocio (ni los políticos que los apoyan, ni
la policía que se beneficia). Además, la norma sanciona con una pena de 3 a
6 años a quienes realizan trata de personas mayores, cuando, de no existir
la ley se aplicaría el art. 142 bis del Código Penal que dice que "Se
impondrá prisión o reclusión de cinco (5) a quince (15) años, al que
sustrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la
víctima o a un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.
Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a ocho (8)
años". En otras palabras, la ley de trata reduce la pena que se aplicaba
hasta ahora para los mismos hechos.
Muchas de las mujeres en situación de prostitución comenzaron siendo menores
de edad y, por lo general, de forma gradual. Incluso muchas veces inducidas
por la familia. Por lo general, los primeros proxenetas son novios o
parientes y también sucede que son personas cercanas quienes las entregan a
los tratantes. Si una chica de 16 años es entregada por un familiar a una
red de prostitución y es rescatada recién a los 19 años cuando intentaban
llevarla a España, esa joven es mayor de edad al momento de comprobarse el
delito. Entonces la ley, ¿cómo consideraría esos 3 años previos de
explotación?
De hecho, es esta realidad de pobreza la que arrastra a miles de personas a
manos de tratantes. Muchas/os acuden al llamado de trabajos que prometen un
mejor futuro, y luego son introducidas en redes mafiosas de explotación
sexual o esclavizadas/os en talleres clandestinos de costura, por ejemplo.
Además, esta demostrado que el accionar de estas redes mafiosas no sólo no
se limita a la explotación, sino que cuenta con la suficiente impunidad y
capacidad operativa como para además de secuestrar, engañar y torturar,
dañar a las familias de sus victimas.
Esta es una razón más para argumentar que en el caso de existir un
"supuesto" consentimiento, éste tiene una alta posibilidad de estar viciado.
Pero tampoco estos argumentos fueron escuchados por los/as "representantes
del pueblo", más preocupados por cumplir (con las necesidades del poder
ejecutivo y con las normas internacionales), que en solucionar el problema
de fondo. Un fondo en el que se debate la libertad y hasta la vida de
muchísimas mujeres y niñas secuestradas en burdeles, de inmigrantes con
ilusiones y sin papeles, mano de obra barata para la floreciente industria
textil, entre otros/as.
"Los traficantes de personas, dueños y capataces de las redes de
prostitución, amos y señores en talleres clandestinos de costura o calzado,
de quintas u obras de construcción que prostituyen y esclavizan a más de
medio millón de migrantes en todo el país, pueden dormir en paz. Ya tienen
una ley que los ampara, aunque aparente combatirlos. La ley votada por el
Congreso Nacional concebida para reprimir la trata de personas es una
manifestación más del «como si» al que ya nos tienen acostumbrados.",
expresa Gustavo Vera integrante de la Cooperativa La Alameda. En el caso de
que se compruebe que una persona mayor fue engañada y violentada para luego
ser esclavizada, las penas son ínfimas, apenas 3 años de prisión, lo que
hace que sean excarcelables.
Para las organizaciones integrantes de la Campaña "Ni una mujer más victima
de la redes de prostitución", la ley establece que existe una "trata
legítima: aquella en que estas circunstancias no puedan ser probadas, lo que
convertirá a los tratantes en inocentes empresarios de la trata de personas,
en esclavistas legales, aunque se demuestre que el fin que persiguen es la
explotación de la prostitución ajena, del trabajo esclavo o los demás
previstos por la ley.
Informes recientes producidos por Naciones Unidas y la Organización Mundial
del Trabajo, consignan que 4.000.000 de mujeres y niños en el mundo son
victimas del "negocio" de trata. América Latina y el Caribe aportan 1millón
300 personas. En Argentina, una mujer puede ser vendida por 5.000 pesos o
150 pesos y aportan una ganancia anual de 15 mil dólares. Queda claro que
esta pantomima de ley contra la trata -que llega 59 años tarde porque la
Argentina firmó en el año 1949 el Convenio para la represión de la trata de
personas y de la explotación de la prostitución ajena-, es sólo un intento
de cumplir con los requisitos de corrección política de la Casa Blanca y no
el firme deseo de terminar con esta catástrofe humanitaria considerada la
esclavitud del siglo XXI.
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