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-----Mensaje original-----
De: rima-lista-bounces@tau.org.ar [mailto:rima-lista-bounces@tau.org.ar] En
nombre de Mariana Carbajal
Enviado el: martes, 22 de abril de 2008 14:12
Para: rima-lista@tau.org.ar
Asunto: [RIMA] Aborto en DF Mexico
Entrevista a Sanchez Fuentes, a un año de la legalizacion del aborto en el
DF "La ley era una necesidad social"
Las cifras indican que se redujo la cantidad de muertes por abortos
ilegales. Más de siete mil mujeres pudieron acceder a la interrupción del
embarazo con los cuidados de un hospital público. Ocho de cada diez que lo
solicitaron son católicas.
Por Mariana Carbajal
El próximo jueves la ley que legalizó el aborto en el Distrito Federal de
México cumple su primer año. "El balance es muy positivo. Hemos podido
convivir con la legalidad del aborto y no pasó nada. Se han hecho más de
7000 interrupciones legales de embarazo en hospitales públicos, con lo cual
quedó demostrado que la ley era una necesidad social", evalúa María Luisa
Sánchez Fuentes, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida
(GIRE), una de las ONG que trabajaron arduamente para que el aborto deje de
ser delito en la capital mexicana. En una entrevista con Página/12, Sánchez
Fuentes analizó el impacto que tuvo la reforma legal en los servicios de
salud y en la vida de las mujeres y reveló que más del 80 por ciento de las
mujeres que recurrieron a un aborto legal se definieron como católicas.
Sánchez Fuentes integra también el Consorcio Latinoamericano contra el
Aborto Inseguro (Clacai), una alianza entre activistas, investigadores y
médicos, que se formó dos años atrás en forma silenciosa y recién ahora se
ha presentado en sociedad, en el marco del IV Congreso Latinoamericano de
Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, que se hizo en Montevideo una
semana atrás. Forman parte del Clacai profesionales argentinos y de otros 12
países de la región. "El objetivo –cuenta la directora de GIRE– es articular
esfuerzos y compartir información, para lograr que se ofrezca en los
hospitales públicos el aborto con medicamentos –cuya práctica se ha ido
extendiendo boca a boca entre las mujeres–, al menos en los casos en los que
está permitido."
La charla transcurre en un viejo mercado de Montevideo, donde ahora hay
diversos bares y restaurantes, a una cuadra de la Municipalidad de
Montevideo. El lugar es muy pintoresco. Es el mediodía y las mesas están
colmadas de oficinistas que hicieron un alto en su jornada.
Cronista y entrevistada aprovecharon un intervalo en el IV Congreso
Latinoamericano de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos para conversar
sobre la ley que votó la Asamblea Legislativa del DF el 24 de abril de 2007
y que estableció como interrupción legal del embarazo
(ILE) la que se produce dentro de las 12 primeras semanas de gestación.
Sánchez Fuentes casi no menciona la palabra aborto.
Prefiere decir ILE. El cambio de términos fue una de las estrategias de la
coalición de ONG –entre ellas GIRE– que trabajaron coordinadamente durante
siete años para lograr el cambio normativo, con el apoyo del PRD, el Partido
de la Revolución Democrática, la principal fuerza de izquierda que gobierna
el DF (en México el gobierno federal está en manos del PAN, partido de
derecha).
El próximo jueves se cumple un año desde que la ILE dejó de ser delito en la
capital mexicana. Más allá del primer trimestre, está permitido el aborto si
hay riesgo para la salud o la vida de la mujer, si el embarazo es producto
de una violación o si el feto tiene una malformación grave.
–¿Qué balance hace del primer año de aplicación de la ley?
–El balance es sumamente positivo por varias razones. En primer lugar porque
las mujeres se apropiaron inmediatamente de la ley. A las 48 horas de su
entrada en vigencia se presentó la primera mujer que pidió una ILE en un
hospital público. Hasta el momento –12 de abril– han sido atendidas 7122
mujeres. En segundo lugar, porque se ha logrado regularizar la práctica en
los 14 hospitales públicos, de los 25 que hay en el DF, designados para
realizar ILE. Lamentablemente, este año se produjo una muerte de una
adolescente de 15 años como consecuencia de la ILE. El caso está en
investigación, pero aparentemente no se siguió el protocolo de atención y no
se constató el tiempo de gestación. Estaba de 16 semanas y el aborto está
permitido dentro de las 12 primeras semanas. Esto corrobora que cuanto más
tarde se realiza más se puede complicar.
–¿Cuál es el perfil de las mujeres que recurrieron a la ILE?
–Más del 30 por ciento tiene más de dos hijos. Un porcentaje muy bajo, cerca
del 2 por ciento, son jóvenes menores de 18 años. El promedio de edad de las
mujeres es de 25 años, la mayoría son estudiantes. Más del 80 por ciento
dicen ser católicas. Sólo el 14 por ciento provino de otros estados. A
partir de la aplicación de la ley, se cuenta con registros oficiales
transparentes.
–Uno de los obstáculos para acceder al aborto legal o no punible en países
latinoamericanos suelen ser los profesionales médicos que se resisten a
realizar las intervenciones por temor a una demanda por mala praxis o por
sus resistencias personales, por creencias religiosas u otros motivos. ¿Cómo
lograron que la ley se respete en los hospitales?
–GIRE y otras organizaciones hemos sido invitados por el gobierno local a
capacitar al personal de los hospitales en cuáles eran los cambios legales,
a qué los obliga, cuál es su responsabilidad si se niegan a realizar una
ILE. En los servicios conviven objetores de conciencia y no objetores sin
inconvenientes: ése es un signo de democracia. Un aspecto interesante de la
estrategia que diseñaron las ONG que trabajaron para lograr la legalización
del aborto en el DF fue que cambiaron el eje de la discusión. Dejaron de
plantear que se trataba de un derecho de las mujeres a controlar su propio
cuerpo y lo mostraron como una cuestión de justicia social, de democracia y
de salud pública, por las muertes de mujeres pobres en abortos realizados en
condiciones riesgosas. Como primer paso, la coalición entre GIRE, Católicas
por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Population Council e IPAS
México dividió roles para ampliar la base concreta de apoyo a la
despenalización del aborto, dirigiéndonos a audiencias
específicas: abogados, legisladores, médicos, sector educativo,
especialistas en bioética. La idea fue darles información para que pudieran
hablar públicamente sobre el tema. También trabajaron con los medios de
comunicación, que apoyaron fuertemente la reforma.
Paralelamente capacitaron a los prestadores de servicios de aborto, para
mejorar el acceso en los casos en los que ya estaba despenalizado (peligro
para la vida y a partir de 2000 también para la salud de la mujer, en caso
de violación y de malformación genética). El proyecto avanzó sobre un
trabajo previo de 30 años del movimiento feminista mexicano, de poner el
tema en debate.
–¿La mujer que decide interrumpir un embarazo recibe algún tipo de
consejería? ¿Se le plantean opciones a la ILE?
–Es una ley integral muy prudente. Las mujeres están tomando la decisión con
información. Hay una consejería que incluye distintas opciones ante un
embarazo no deseado: que la mujer se reconcilie con esa gestación, que
decida dar en adopción a la criatura, y la ILE.
Antes tenían sólo dos posibilidades, ahora tienen una tercera. De las
16 mil mujeres que han solicitado información sobre la ILE, un 30 por ciento
no se la han hecho. No sabemos si han desistido o si no estaban embarazadas
y sólo querían saber cuáles eran sus alcances. La ley también adiciona
artículos a la ley de salud que fortalecen los derechos sexuales y
reproductivos con programas de anticonceptivos, de uso de condón, de
educación sexual, que se están desarrollando gradualmente. Esto habla de
voluntad política. Hemos podido convivir con la legalidad del aborto y no
pasó nada, no se acabó el mundo.
Quedó demostrado que era una necesidad social: con la ley se ha protegido la
salud y la vida de las mujeres. En el DF el aborto era la tercera causa de
mortalidad materna. Todavía no hay cifras actualizadas, pero sí se ve que se
han reducido las complicaciones por aborto.
–Siete mil abortos en un año, en una ciudad con la población del DF, parece
un número pequeño. ¿Estima que todavía hay abortos clandestinos, en clínicas
privadas?
–Sí, sigue habiendo abortos clandestinos. Es un tema tan privado que hay
mujeres que prefieren no ir a un hospital público y van a una clínica
privada. El problema sanitario es el aborto inseguro y ése con la ley se ha
reducido.
–Hay un planteo de inconstitucionalidad de la ley ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
–Está previsto que en agosto la Corte se pronuncie. La presentación la hizo
la Comisión Nacional de Derechos Humanos en primer lugar, y después la
Procuración General de la Nación hizo una segunda acción de
inconstitucionalidad. La Corte decidió que haya audiencias públicas:
están previstas tres sesiones a favor y tres en contra. El ombusdman, el
jefe de Gobierno y el ministro de Salud del DF están defendiendo la ley como
propia. Hace unos días el director de Servicios Médicos de la Secretaría de
Salud, Arturo Gaytán, dijo: "Más de 6000 mujeres no pueden estar
equivocadas". Si la resolución de la Corte es favorable y confirma su
constitucionalidad ya sería una cuestión de decisión política que se
legalice la ILE en otros estados.
Sánchez Fuentes lleva 15 años como activista por los derechos sexuales y
reproductivos. Antes, había militado en una organización política de
izquierda. Todavía se sorprende por la reforma legal votada un año atrás en
el DF. "Nunca pensé que iba a vivir la despenalización del aborto", dice,
casi emocionada
Por Mariana Carbajal
El próximo jueves la ley que legalizó el aborto en el Distrito Federal de
México cumple su primer año. "El balance es muy positivo. Hemos podido
convivir con la legalidad del aborto y no pasó nada. Se han hecho más de
7000 interrupciones legales de embarazo en hospitales públicos, con lo cual
quedó demostrado que la ley era una necesidad social", evalúa María Luisa
Sánchez Fuentes, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida
(GIRE), una de las ONG que trabajaron arduamente para que el aborto deje de
ser delito en la capital mexicana. En una entrevista con Página/12, Sánchez
Fuentes analizó el impacto que tuvo la reforma legal en los servicios de
salud y en la vida de las mujeres y reveló que más del 80 por ciento de las
mujeres que recurrieron a un aborto legal se definieron como católicas.
Sánchez Fuentes integra también el Consorcio Latinoamericano contra el
Aborto Inseguro (Clacai), una alianza entre activistas, investigadores y
médicos, que se formó dos años atrás en forma silenciosa y recién ahora se
ha presentado en sociedad, en el marco del IV Congreso Latinoamericano de
Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, que se hizo en Montevideo una
semana atrás. Forman parte del Clacai profesionales argentinos y de otros 12
países de la región. "El objetivo –cuenta la directora de GIRE– es articular
esfuerzos y compartir información, para lograr que se ofrezca en los
hospitales públicos el aborto con medicamentos –cuya práctica se ha ido
extendiendo boca a boca entre las mujeres–, al menos en los casos en los que
está permitido."
La charla transcurre en un viejo mercado de Montevideo, donde ahora hay
diversos bares y restaurantes, a una cuadra de la Municipalidad de
Montevideo. El lugar es muy pintoresco. Es el mediodía y las mesas están
colmadas de oficinistas que hicieron un alto en su jornada.
Cronista y entrevistada aprovecharon un intervalo en el IV Congreso
Latinoamericano de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos para conversar
sobre la ley que votó la Asamblea Legislativa del DF el 24 de abril de 2007
y que estableció como interrupción legal del embarazo
(ILE) la que se produce dentro de las 12 primeras semanas de gestación.
Sánchez Fuentes casi no menciona la palabra aborto.
Prefiere decir ILE. El cambio de términos fue una de las estrategias de la
coalición de ONG –entre ellas GIRE– que trabajaron coordinadamente durante
siete años para lograr el cambio normativo, con el apoyo del PRD, el Partido
de la Revolución Democrática, la principal fuerza de izquierda que gobierna
el DF (en México el gobierno federal está en manos del PAN, partido de
derecha).
El próximo jueves se cumple un año desde que la ILE dejó de ser delito en la
capital mexicana. Más allá del primer trimestre, está permitido el aborto si
hay riesgo para la salud o la vida de la mujer, si el embarazo es producto
de una violación o si el feto tiene una malformación grave.
–¿Qué balance hace del primer año de aplicación de la ley?
–El balance es sumamente positivo por varias razones. En primer lugar porque
las mujeres se apropiaron inmediatamente de la ley. A las 48 horas de su
entrada en vigencia se presentó la primera mujer que pidió una ILE en un
hospital público. Hasta el momento –12 de abril– han sido atendidas 7122
mujeres. En segundo lugar, porque se ha logrado regularizar la práctica en
los 14 hospitales públicos, de los 25 que hay en el DF, designados para
realizar ILE. Lamentablemente, este año se produjo una muerte de una
adolescente de 15 años como consecuencia de la ILE. El caso está en
investigación, pero aparentemente no se siguió el protocolo de atención y no
se constató el tiempo de gestación. Estaba de 16 semanas y el aborto está
permitido dentro de las 12 primeras semanas. Esto corrobora que cuanto más
tarde se realiza más se puede complicar.
–¿Cuál es el perfil de las mujeres que recurrieron a la ILE?
–Más del 30 por ciento tiene más de dos hijos. Un porcentaje muy bajo, cerca
del 2 por ciento, son jóvenes menores de 18 años. El promedio de edad de las
mujeres es de 25 años, la mayoría son estudiantes. Más del 80 por ciento
dicen ser católicas. Sólo el 14 por ciento provino de otros estados. A
partir de la aplicación de la ley, se cuenta con registros oficiales
transparentes.
–Uno de los obstáculos para acceder al aborto legal o no punible en países
latinoamericanos suelen ser los profesionales médicos que se resisten a
realizar las intervenciones por temor a una demanda por mala praxis o por
sus resistencias personales, por creencias religiosas u otros motivos. ¿Cómo
lograron que la ley se respete en los hospitales?
–GIRE y otras organizaciones hemos sido invitados por el gobierno local a
capacitar al personal de los hospitales en cuáles eran los cambios legales,
a qué los obliga, cuál es su responsabilidad si se niegan a realizar una
ILE. En los servicios conviven objetores de conciencia y no objetores sin
inconvenientes: ése es un signo de democracia. Un aspecto interesante de la
estrategia que diseñaron las ONG que trabajaron para lograr la legalización
del aborto en el DF fue que cambiaron el eje de la discusión. Dejaron de
plantear que se trataba de un derecho de las mujeres a controlar su propio
cuerpo y lo mostraron como una cuestión de justicia social, de democracia y
de salud pública, por las muertes de mujeres pobres en abortos realizados en
condiciones riesgosas. Como primer paso, la coalición entre GIRE, Católicas
por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Population Council e IPAS
México dividió roles para ampliar la base concreta de apoyo a la
despenalización del aborto, dirigiéndonos a audiencias
específicas: abogados, legisladores, médicos, sector educativo,
especialistas en bioética. La idea fue darles información para que pudieran
hablar públicamente sobre el tema. También trabajaron con los medios de
comunicación, que apoyaron fuertemente la reforma.
Paralelamente capacitaron a los prestadores de servicios de aborto, para
mejorar el acceso en los casos en los que ya estaba despenalizado (peligro
para la vida y a partir de 2000 también para la salud de la mujer, en caso
de violación y de malformación genética). El proyecto avanzó sobre un
trabajo previo de 30 años del movimiento feminista mexicano, de poner el
tema en debate.
–¿La mujer que decide interrumpir un embarazo recibe algún tipo de
consejería? ¿Se le plantean opciones a la ILE?
–Es una ley integral muy prudente. Las mujeres están tomando la decisión con
información. Hay una consejería que incluye distintas opciones ante un
embarazo no deseado: que la mujer se reconcilie con esa gestación, que
decida dar en adopción a la criatura, y la ILE.
Antes tenían sólo dos posibilidades, ahora tienen una tercera. De las
16 mil mujeres que han solicitado información sobre la ILE, un 30 por ciento
no se la han hecho. No sabemos si han desistido o si no estaban embarazadas
y sólo querían saber cuáles eran sus alcances. La ley también adiciona
artículos a la ley de salud que fortalecen los derechos sexuales y
reproductivos con programas de anticonceptivos, de uso de condón, de
educación sexual, que se están desarrollando gradualmente. Esto habla de
voluntad política. Hemos podido convivir con la legalidad del aborto y no
pasó nada, no se acabó el mundo.
Quedó demostrado que era una necesidad social: con la ley se ha protegido la
salud y la vida de las mujeres. En el DF el aborto era la tercera causa de
mortalidad materna. Todavía no hay cifras actualizadas, pero sí se ve que se
han reducido las complicaciones por aborto.
–Siete mil abortos en un año, en una ciudad con la población del DF, parece
un número pequeño. ¿Estima que todavía hay abortos clandestinos, en clínicas
privadas?
–Sí, sigue habiendo abortos clandestinos. Es un tema tan privado que hay
mujeres que prefieren no ir a un hospital público y van a una clínica
privada. El problema sanitario es el aborto inseguro y ése con la ley se ha
reducido.
–Hay un planteo de inconstitucionalidad de la ley ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
–Está previsto que en agosto la Corte se pronuncie. La presentación la hizo
la Comisión Nacional de Derechos Humanos en primer lugar, y después la
Procuración General de la Nación hizo una segunda acción de
inconstitucionalidad. La Corte decidió que haya audiencias públicas:
están previstas tres sesiones a favor y tres en contra. El ombusdman, el
jefe de Gobierno y el ministro de Salud del DF están defendiendo la ley como
propia. Hace unos días el director de Servicios Médicos de la Secretaría de
Salud, Arturo Gaytán, dijo: "Más de 6000 mujeres no pueden estar
equivocadas". Si la resolución de la Corte es favorable y confirma su
constitucionalidad ya sería una cuestión de decisión política que se
legalice la ILE en otros estados.
Sánchez Fuentes lleva 15 años como activista por los derechos sexuales y
reproductivos. Antes, había militado en una organización política de
izquierda. Todavía se sorprende por la reforma legal votada un año atrás en
el DF. "Nunca pensé que iba a vivir la despenalización del aborto", dice,
casi emocionada
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