RV: [RIMA] chile: cuando la muerte tiene la palabra

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Amaya Martínez de Viergol Lanzagorta
Prof. de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Lan Zuzenbidea eta Gizarte Segurantza Irakaslea
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
E.U. de Relaciones Laborales/Lan Harremanen Unibertsitate Eskola
Sarriena, s/n; 48940; Leioa (Vizcaya)
E-mail: amaya.viergol@ehu.es
Tfno: 94 6015865

-----Mensaje original-----
De: rima-lista-bounces@tau.org.ar [mailto:rima-lista-bounces@tau.org.ar] En
nombre de claudia korol
Enviado el: martes, 08 de enero de 2008 19:02
Para: Red Informativa de Mujeres de Argentina
Asunto: [RIMA] chile: cuando la muerte tiene la palabra

Chile: cuando la muerte tiene la palabra

Claudia Korol

Dicen quienes saben leer los signos de la tierra, que la erupción del volcán
Llaima -que hace pocos días conmovió a Chile-, debe ser entendida como un
grito que llega desde bien abajo de la tierra, para desgarrar las capas de
perversidad de quienes persisten en el genocidio mapuche y las capas de
indiferencia de quienes miran hacia otro lado como diciendo "yo no fui, yo
no sé".

Dicen los "pingüinos", aquellos muchachos y muchachas que meses atrás se
tomaron los liceos y colegios de Chile, que el asesinato del joven mapuche,
Matías Catrileo, como antes el de Zenón Díaz Necul y el de Alex Lemun,
denuncian la marca racista de la represión que ha vuelto delito ser joven,
pobre, indígena, rebelde.

Matías Catrileo, de 22 años, estudiante de agronomía de la Universidad de La
Frontera de Temuco, fue asesinado con una bala disparada por la espalda, por
un carabinero. Estaba participando junto a otros comuneros mapuche de una
toma de terrenos en el Fundo Santa Margarita de Vilcún, perteneciente al
latifundista Jorge Luchsinger. La acción tenía como objetivo avanzar en la
recuperación de sus tierras ancestrales.

Alex Lemun, de 17 años, fue asesinado en el 2002 en Ercilla, también por la
bala de un carabinero, cuando participaba de una ocupación del Fundo Santa
Elisa de la Forestal Mininco. Su asesino fue sobreseído en el 2004 por una
Corte Marcial, y hoy está reintegrado en la fuerza policial. El fiscal
militar de ese caso, José Pinto Aparicio, es quien realizará ahora la
investigación del asesinato de Matías Catrileo.

Dice la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile -que
conoce los rostros de la impunidad-, que es necesario que el caso sea
investigado por la justicia ordinaria, y no por la justicia militar, y que
hace falta que se asuma la responsabilidad política por parte del Gobierno.

Dicen las mujeres mapuche, que ¡ya basta! de que asesinen a sus hijos.
En el funeral de Matías, Mónica Quezada, madre de Matías, expresó:
"tenemos la convicción de que el disparo criminal proviene desde el arma de
carabineros. No podemos hacer más que calificar dicha acción como un acto
ruin y cobarde. Ruin porque se hizo un uso desproporcionado de la fuerza
contra un grupo de jóvenes mapuche, armados apenas con la fuerza de sus
ideales. Nosotros y muchísimos más sabemos cómo se denomina a aquellos que
atacan por la espalda. No queremos más impunidad, no queremos más hijos
muertos por una causa cuya legitimidad ha sido reconocida".

Un volcán grita, en una tierra en la que muchos callan demasiado.
Miles de jóvenes gritan, cuando los adultos reproducen silencios heredados.
Lanzan piedras, lanzan lava. Un pueblo defiende la tierra.
"Mapuche" significa gente de la tierra. Un pueblo defiende su identidad. Un
pueblo se pone de pie frente a las grandes trasnacionales forestales, de la
celulosa, de la electricidad, de la pesca, de la minería. Frente al modelo
político, económico, cultural, que destruye a la "Mapu" y a su gente... a
sus che.

Dice ese pueblo que no tiene ya nada que perder, más que su propia vida.
Dice el silencio oficial, que la vida del pueblo mapuche no vale lo que vale
su territorio para los dueños del poder. Dicen los poderosos, que la
propiedad privada, es un valor más alto que la vida.

Dicen aquellas feministas que no quieren ser una cuota del poder de
destrucción capitalista, patriarcal, racista, que la lenta agonía de
Patricia Troncoso, presa política mapuche en huelga de hambre, es otra de
las maneras que asumen el "femicidio" y el "etnocidio".

¿Quién es la mujer que habla desde su cuerpo que se apaga?

Patricia Troncoso, presa política mapuche, está realizando una huelga de
hambre líquida desde el 12 de Octubre del 2007. Patricia estudió Teología en
el Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad Católica de
Valparaíso. En la búsqueda de sus propias raíces, fue aproximándose de
manera solidaria a las comunidades mapuche, y se hizo parte de la
resistencia histórica de este pueblo.

El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, informó sobre las
causas de su detención, producida el 12 de septiembre del año 2002. Patricia
fue acusada de ser autora de los delitos de amenazas e incendios
terroristas. Se imputó a ella -y a otros acusados- responsabilidad en los
siguientes hechos: 1) incendio terrorista en propiedad de Juan Agustín
Figueroa Elgueta; 2) amenazas de incendio terrorista contra los dueños y
administradores del Fundo Nancahue; 3) incendio terrorista en perjuicio del
predio forestal San Gregorio de propiedad de Juan Julio Sagredo Marín; y 4)
amenazas de incendio terrorista contra los dueños y administradores del
Predio San Gregorio. En diciembre de ese mismo año, se le inició un nuevo
proceso acusada de ser partícipe de la Organización Mapuche "Coordinadora de
Comunidades En Conflicto Arauco Malleco", organización del pueblo mapuche a
la que se estigmatiza como "Asociación Ilícita Terrorista".
El 28 de enero de 2003, se formalizó otra causa en su contra, por delitos de
incendio terrorista, robos con violencia, lesiones, usurpación en el grado
de tentativa y otros, siendo querellantes la Empresa Forestal Mininco S.A. y
la gobernación provincial de Malleco.

En la primera causa, la sentencia definitiva absolvió a los imputados de
todos los cargos. Sin embargo las partes querellantes en este caso (gobierno
y particulares) presentaron un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, que
el 2 de julio de 2003 anuló la sentencia absolutoria, ordenando la
realización de un nuevo juicio, realizado a partir del 9 de septiembre de
2003. En él fue absuelta nuevamente de todos los cargos que se le
formulaban, mientras que los lonkos mapuche fueron condenados a la pena de 5
años y 1 día de presidio por el delito de amenazas de incendio terrorista,
contemplado en el artículo de la Ley N° 18.314.

Finalmente Patricia fue condenada a 10 años y un día de prisión, acusada de
incendio terrorista al predio Poluco Pidenco, y se la condenó a pagar en
indemnización a la Empresa Forestal Mininco S.A. la suma de 425 millones de
pesos, junto a los cinco condenados por esta causa. El caso Poluco Pidenco
fue un incendio ocurrido en diciembre de 2001, en el que no hubo víctimas
fatales, en el cual sus presuntos autores fueron juzgados con "testigos sin
rostros" aplicándosele la Ley Antiterrorista creada durante la dictadura
militar. Esta situación ha sido condenada ya en dos oportunidades por los
organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, que han pedido la
derogación de la Ley Antiterrorista y la revisión de los procesos realizados
bajo esa norma.

Patricia Troncoso ya ha cumplido la mitad del tiempo en prisión. Sin embargo
no se le han concedido los beneficios carcelarios a los que tiene derecho,
entre los cuales está la salida dominical y/o la salida diaria. Es otra
forma de tortura, en el Chile gobernado por la "socialista" Michelle
Bachelet.

Durante los meses de octubre y noviembre del 2004, en forma paralela al
cumplimiento de su condena, Patricia Troncoso debió afrontar un cuarto
juicio por el delito de Asociación Ilícita Terrorista. Tras 17 jornadas de
audiencias en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, fue declarada inocente
por tercera vez de su participación en delitos de carácter terrorista.

Pero Patricia Troncoso, no es la única víctima del Estado chileno. En las
cárceles de Angol, Victoria, Lebu, Concepción, Temuco y Traiguén, se
encuentran más de 20 presos políticos mapuche, la mayoría juzgados bajo la
legislación antiterrorista de tiempos de Pinochet.

Víctor Toledo Llancaqueo[1], afirma en la revista OSAL 22: "Frente al
conflicto con los indígenas; y siguiendo las pautas de una intensa campaña
de criminalizacion de la protesta social mapuche; el Estado chileno
emprendió una sistemática huida hacia el derecho penal. El caso mapuche es
ilustrativo de la criminalización de la protesta social, como un proceso
político, mediático y jurídico, que etiquetando a los actos de protesta como
delitos, busca sacar a un conflicto social de la arena política, para
llevarla al campo penal.
El objetivo de los impulsores de la criminalización, es poner en marcha al
poder punitivo del Estado, para neutralizar, disciplinar o aniquilar la
protesta. Los medios de comunicación y sectores de derecha, fueron actores
clave del proceso de criminalización de la protesta mapuche. Ante la
emergencia de la movilización indígena, promovieron activamente su
deslegitimación, penalización y que se la enmarque como un asunto de
seguridad. Por su parte las empresas forestales, resintieron el conflicto
con las comunidades mapuche en su imagen corporativa. Sindicadas por daños
ecológicos y represión a indígenas por medio de guardias privados, quedaron
expuestas a perder algunos mercados. Frente a este cuadro, los grandes
grupos forestales presionan al gobierno y a la opinión pública, para que los
conflictos sean resueltos penalmente. Se magnificaron los efectos económicos
de la protesta mapuche, y la figura del incendio"[2].

Las forestales mandan en Chile –en América Latina-, hacen y deshacen,
saquean, acumulan superganancias. Los conflictos entre estas empresas
trasnacionales y el pueblo mapuche, se concentran alrededor de la tenencia y
la contaminación de la tierra, ya que los territorios ancestrales han sido
usurpados por las forestales, atentando también contra la cosmovisión de ese
pueblo, sus símbolos, su cultura; y contaminando fuertemente los amplios
territorios arrebatados.

Alfredo Seguel[3], investigador chileno, destaca que la entre las
consecuencias del desarrollo de la industria forestal en Chile, se
encuentran: "Desplazamiento del Bosque Nativo; Pérdida de los Recursos
hídricos, superficiales y subterráneos que ha sido una de las constantes
denuncias entre la IX y X regiones (Los monocultivos exóticos actúan como
verdaderas bombas de agua); Uso indiscriminado de plaguicidas y
contaminación de ecosistemas; Acorralamiento de comunidades rurales por los
monocultivos; Destrucción de caminos rurales y polución por el tránsito de
la maquinaria pesada, principalmente en tiempos de cosecha; Pérdida de Flora
y Fauna (también plantas medicinales y alimenticias) ante el desplazamiento
del Bosque nativo y ecosistemas; Suelos ganaderos y agrícolas reemplazados
para la introducción de forestales industriales lo que conlleva a la perdida
de soberanía y seguridad alimentaria; Transgresión de lugares sagrados;
Aumento emigración (disminuye fuente
laboral) y pobreza en lugares de alta concentración Forestal; Acusaciones
por auto atentados de incendios forestales que han involucrado a grupos de
seguridad de estas y que han quedado en la impunidad".

Un dato importantísimo para este análisis que aporta Seguel es la
información sobre los incendios o auto atentados, producidos por empresas
de seguridad "que prestan servicios a compañías forestales como CMPC –
Mininco (Matte) y Arauco – Celco (Angelini), donde incluso, se han señalado
a ex uniformados y ex agentes de inteligencia involucrados en estas firmas.
Una escalada de incendios forestales durante los años 1999 al 2001,
coinciden con algunas denuncias aún aisladas de auto atentados al interior
de las propias empresas, como asimismo, con el inicio de un operativo de
inteligencia en el Gobierno de Ricardo Lagos, desde el mismo 2001 al 2004,
para reprimir, neutralizar, controlar y perseguir a una buena parte del
movimiento mapuche, como fue a la organización Arauko Malleko"… "La empresa
Forestal que involucra en denuncias por auto-atentados a través de sus
"cuadros" de seguridad patrimonial, corresponde a Forestal Mininco, que
integra el holding CMPC del grupo económico Familia Matte; sin embargo, con
las denuncias de Yumbel, estas se extienden a otras, tales como Forestal
Arauco y Celco, del multimillonario de origen italiano, Anacleto Angelini
(Holding Copec-Arauco); y forestal Bio Bio también de Angelini". En su
trabajo, Seguel aporta varios datos que dan sustento a estas hipótesis, que
cierran el círculo de comprensión de las razones que hacen que en pleno
siglo 21, un gobierno que se hace llamar de socialista, mantenga secuestrado
a un pueblo en los confines de su propio territorio.

Durante los primeros días de enero, numerosas movilizaciones y denuncias de
los crímenes contra el pueblo mapuche realizados por el gobierno de Bachelet
–que continúa las políticas de la Concertación-, recorren América Latina.
Sin embargo, es necesario debatir con mayor profundidad, sobre los modelos
mal llamados de "desarrollo", con que las trasnacionales vienen saqueando a
nuestro continente, con la complicidad en la mayoría de los casos, de los
gobiernos locales –incluso de muchos de los caracterizados como
"progresistas".

La recolonización, las nuevas guerras de conquista, el reparto de
territorios por parte de las trasnacionales del Primer Mundo, sigue siendo
la forma de acumulación del capitalismo, y sus consecuencias son el
exterminio de pueblos completos, y la devastación del planeta.

Recordar en este contexto a Rosa Luxemburgo, cuando planteó un siglo atrás
el dilema de la humanidad, como "socialismo o barbarie", puede ser una
manera de pensar en términos más complejos, que estamos frente a una
situación que nos exige, no sólo pensar acciones puntuales de denuncia sobre
violaciones a los derechos humanos, que parecieran excepcionales, sino
comprender que estos actos depredatorios, son inherentes al capitalismo y a
su sistema de dominación. Será hora entonces de discutir qué proyecto de
vida deseamos y promovemos, qué socialismo soñamos y construimos como
alternativa al capitalismo, y encontrar cómo las batallas de resistencia que
venimos librando frente al avance de las trasnacionales, de sus gendarmes y
de sus gobiernos, puedan ir proyectándose en nuevas experiencias de poder
popular.

En ese camino, movilizar fuerzas para que no sea la muerte, la única palabra
audible del pueblo mapuche, y de otros y otras "condenados y condenadas de
la tierra". Que hablen quienes tengan voz. Que griten quienes tengan
energía. Que marchen quienes tengan cuerpos dispuestos a mostrar que es
verdad la palabra mapuche que dice que "por cada uno que caiga, diez se
levantarán".

Enero 2008

________________________________
[1] Víctor Toledo Llancaqueo es historiador, Centro de Políticas Públicas y
Derechos Indígenas, Chile. Co-coordinador del Grupo de Trabajo Movimientos
Indígenas en América Latina de CLACSO.
[2] Movilización mapuche y política penal. Los marcos de la política
indígena en Chile – 1990 -2007. Publicado en revista OSAL (Observatorio
Social de América Latina). Se puede acceder al texto en
http://sala.clacso.org.ar/biblioteca
[3] Alfredo Seguel es integrante de la agrupación de técnicos y
profesionales de Temuko – Konapewman – Es vocero de la coordinación de
comunidades en conflictos ambientales – E integra equipos de trabajo de la
coordinación de organizaciones e identidades territoriales.- Se puede
acceder al artículo en
http://www.mapuche-nation.org/espanol/html/medioambiente/ma-art-04.htm