lunes, 10 de marzo de 2008

RV: [RIMA] Chaco: reparación a la niña toba violada

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De: rima-lista-bounces@tau.org.ar [mailto:rima-lista-bounces@tau.org.ar] En
nombre de Gabriela Adelstein
Enviado el: lunes, 10 de marzo de 2008 13:40
Para: RIMA Tau RIMA Tau
Asunto: [RIMA] Chaco: reparación a la niña toba violada


http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-100408-2008-03-10.html
publicado en Página/12
fecha: lunes 10 marzo 2008
difundido por RIMA - Red Informativa de Mujeres de Argentina


Un dictamen ordena al Estado atender la denuncia de la joven maltratada por
policias, medicos y jueces Por una reparación a la niña toba violada

El caso fue revelado por Página/12. La joven fue violada, a los 15 años, por
tres jóvenes blancos, en 2003. Los acusados fueron absueltos por la Justicia
chaqueña. Un dictamen del Inadi consideró que el Estado debe allanarse a la
denuncia de la víctima.

Por Mariana Carbajal
El principal organismo del Gobierno que vela contra la discriminación, la
xenofobia y el racismo (Inadi) consideró que el Estado argentino debe
ofrecer una "reparación integral" a L.N.P., la niña toba que fue violada y
cuyos agresores fueron absueltos por un tribunal chaqueño a pesar de haberse
comprobado el acceso carnal violento, tal como reveló Página/12 en su
edición del sábado. En un dictamen al que tuvo acceso este diario, el Inadi
concluyó que el país debe "allanarse a la denuncia interpuesta" ante el
Comité de Derechos Humanos de la ONU por ese caso. Del análisis del proceso
judicial "surge que L.N.P. ha sido discriminada por razón de género, por
edad y por etnia, vulnerando derechos y garantías constitucionales, en
abierta violación a la normativa interna e instrumentos internacionales
incorporados a la Constitución", señala el documento.

La opinión del Inadi está contenida en un dictamen que fue solicitado por la
Comisión Interministerial de Derechos Humanos de Chaco. A pedido de la
Cancillería, el gobierno de esa provincia tiene que elaborar un descargo
para presentar ante la Comité de Derechos Humanos de la ONU. El plazo para
que Argentina responda vence el 6 de abril. Y el país podría ser condenado a
indemnizar a la niña y a su familia y a implementar cambios en normativas y
en la administración de justicia para evitar que situaciones similares, de
violaciones múltiples de derechos, se repitan (ver aparte).

"El caso en análisis no resulta un evento aislado; sino que denota el grado
de vulnerabilidad de las mujeres pertenecientes a pueblos originarios, ya
que padecen discriminación no solo como mujeres, sino como integrantes de
pueblos originarios. Al respecto, se observa con gran preocupación la
impunidad sistemática de los responsables y la indiferencia de las
autoridades responsables de garantizar a dichas mujeres el derecho a
sentirse seguras y a no sufrir violencia", señala el Inadi, cuya titular es
la abogada María José Lubertino.

L.N.P. tenía 15 años cuando el 3 de octubre de 2003 fue violada en su
pueblo, en el Impenetrable, por tres jóvenes "criollos", blancos, vecinos de
la comunidad qom a la que pertenece la muchacha. Uno de ellos la ultrajó y
los otros taparon la escena con sus remeras para proteger al principal
agresor. Para silenciar los gritos de la niña, le taparon la boca. El paraje
–cuyo nombre este diario mantiene en reserva para proteger la identidad de
la víctima– está a unos 400 kilómetros de Resistencia: allí no hay teléfonos
–ni fijos ni móviles– ni acceso a Internet ni transporte público.

El caso fue denunciado después de que la comunidad aborigen en pleno se
plantara frente a la subcomisaría local para que accedieran a tomarle la
declaración a la madre de la muchachita. Los acusados fueron detenidos pero
luego, el 31 de agosto de 2004, resultaron absueltos por la Cámara Segunda
en lo Criminal de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en una
sentencia plagada de conceptos sexistas.

Antes y durante el proceso judicial, L.N.P. sufrió una sucesión de
atropellos interminable, según la denuncia elevada al CDH por dos
organizaciones de mujeres, el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo
(Insgenar), de Rosario, y el Comité para América Latina y el Caribe para la
Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), con sede en Perú.

Algunas de las irregularidades detectadas por las ONG:

- En la Comisaría se hizo esperar varias horas a la víctima y, sin tomar la
denuncia, la enviaron al puesto sanitario.

- La víctima fue maltratada en el puesto sanitario, en el que, a horas de
ocurrido el hecho, se le efectuó tacto anal, rectal y vaginal (aun cuando la
víctima manifestó haber sido violada vía anal), volviéndole a causar un
intenso dolor.

- La denuncia policial fue tomada por la presión ejercida por la comunidad
qom. Fue efectuada por la madre de la niña pero se realizó sin intérprete,
cuando la mujer –igual que su hija– habla con dificultades el español. El
juicio también fue sustanciado en español y sin intérpretes.

- La víctima nunca accedió a asesoramiento letrado, por lo que nunca pudo
constituirse en querellante, ni recurrir la sentencia.

- El Tribunal no les notificó la sentencia absolutoria ni a la víctima ni a
su familia.

- El fallo judicial contiene expresiones discriminatorias en razón del
género y del origen étnico-racial.

- Tres testigos del hecho que declararon en el juicio fueron descalificados
durante el proceso por ser "indígenas".

- No se resguardó la identidad de la víctima: durante la instrucción
judicial se ordenó averiguar en el pueblo si la víctima ejercía la
prostitución.

En la sentencia absolutoria, los entonces integrantes de la Cámara Segunda
en lo Criminal de la ciudad de Roque Sáenz Peña, distante 240 kilómetros del
pueblo de L.N.P., alegaron que si bien había quedado acreditado que la niña
había sido accedida carnalmente por vía anal, no estaban seguros de que no
hubiera consentido la relación. "No se debe confundir la violación con la
violencia propia de un acto sexual", afirmaron en el fallo. Para los
magistrados, las heridas sufridas por la muchacha en la zona anal
–-corroboradas por pericias forenses– responden al "ímpetu con que se
intenta la penetración" y a la "juventud del sujeto activo, edad en que la
excitación sexual suele ser mucho más impetuosa y más aún ante la ingesta
alcohólica –que fue reconocida por el autor y constatada por el médico– que
suele producir mayor desenfreno".


Subnotas

La víctima investigada

Por Mariana Carbajal

L.N.P. ahora tiene 20 años. Vende canastos con su mamá por el pueblo. Su
papá se las rebusca con changas esporádicas. Cuando sus agresores quedaron
en libertad, tras la absolución, L.N.P. dejó de ir a la escuela. La
adolescente, que recién había cumplido 15 años cuando fue violada, se sumió
en un estado de tristeza, dejó de salir con sus amigas y amigos, y abandonó
sus estudios. Recién en 2007, tres años después de la humillación que sintió
por el trato discriminatorio que recibió de la Justicia, volvió a clases. Lo
hizo a partir del respaldo que sintió cuando se contactaron con ella y su
familia integrantes de Insgenar y Cladem y le propusieron llevar el caso
ante la ONU. Fue el primer efecto positivo de la presentación internacional,
destaca Susana Chiarotti, del Insgenar, en diálogo con Página/12. "Además de
estas consecuencias personales, L.N.P. tuvo que continuar viviendo en un
pueblo donde muchas de las autoridades son familiares de los violadores y
donde todos los habitantes discutían sobre su sexualidad y honestidad,
debido a que recibieron la visita de la trabajadora social que los interrogó
sobre su vida afectiva y experiencias sexuales. Resumiendo, no hubo
investigación diligente, se dejaron pruebas de lado, la víctima resultó ser
la investigada y la violencia sexual sufrida ha quedado impune", se destaca
en la parte final de la presentación ante el organismo internacional.

"Discriminación múltiple"

Por Mariana Carbajal
"Este caso es una ventana para analizar y revisar la situación en el país en
cuanto al acceso a la Justicia de una niña de un pueblo aborigen: se cruzan
la discriminación de género, racial y de etnia y etaria y también la
pobreza; es un caso de discriminación múltiple", señaló a Página/12 la
abogada Susana Chiarotti, del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo
(Insgenar), de Rosario. Chiarotti fue una de las expertas convocadas por
Naciones Unidas para elaborar un informe mundial, que llevó dos años de
estudio, sobre violencia hacia las mujeres, que acaba de publicarse. "Cuando
me mostraron por primera vez la sentencia que absolvió a los acusados de la
violación de L. N. P. vi reflejado todo lo que habíamos estado estudiando en
la ONU: es un compendio de violaciones de derechos", comenta. Se le nota la
indignación en la voz.

Los reclamos al Estado

Por Mariana Carbajal

Para las ONG denunciantes, el Estado argentino incumplió sus compromisos
internacionales al violar los derechos de L. N. P. como adolescente, a la
igualdad, a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes, a contar
con un juicio justo, a la intimidad y a la protección de sus derechos como
niña. Por esa razón, solicitaron que el Comité de Derechos Humanos de la ONU
establezca la responsabilidad internacional del Estado argentino y le
ordene:

- Una reparación integral para L. N. P. y su familia, que incluya la
indemnización del daño material y moral, y garantías de no repetición.

- Revisar la legislación nacional para eliminar todo vestigio
discriminatorio de la ley penal que regula los casos de violación.

- La inmediata capacitación, a nivel nacional, de funcionarios y operadores
de justicia para evitar la repetición de actos discriminatorios contra
mujeres y niñas, especialmente en casos de violencia sexual.

También que en cumplimiento de las obligaciones contraídas a nivel
internacional, se disponga la creación de servicios de atención a víctimas
de violencia sexual, con personal y materiales dispuestos en los idiomas de
la población afectada.

Voces contra la discriminación

Por Mabel Bianco *


Lo que falta

Es una oportunidad para hacer balance. Logramos el reconocimiento de los
derechos sexuales y reproductivos y su atención en todo el país a través del
sector público, aunque con diferencias. La principal deuda del gobierno es
la falta de educación sexual en las escuelas. Tampoco logramos la atención
del aborto no punible en los hospitales públicos. Esto requiere decisión
política y capacitación del personal de salud, todo está preparado, ¡sólo
falta hacerlo! y evitar la enfermedad y muerte de muchas mujeres. Respecto
de la violencia contra la mujer, esperamos respuestas concretas que no
llegan, a pesar de las promesas del Consejo Nacional de la Mujer. La paridad
entre mujeres y hombres tampoco se ve, ni el gobierno nacional ni el local
cubrieron el 50 por ciento de los ministerios con mujeres, ni asumen
políticas de discriminación positiva. Necesitamos gobiernos que, más allá de
ser conducidos por una mujer, sean ejemplo para la sociedad y adopten
políticas paritarias.

- Directora de la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer.

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Por Juliana Marino y Virginia Franganillo


Romper la inercia

Este es un 8 de marzo inusual. Una presidenta, tres ministras, 40 por ciento
de mujeres en las Cámaras. Hay diagnósticos y planes burocratizados y una
realidad que no convocamos: las mujeres reales y su libertad. Acusadas,
victimizadas, apeladas o ponderadas, son abandonadas por estructuras
estatales debilitadas y por nuestra propia militancia. Se pierde así un
recurso incomparable: la formidable capacidad de las mujeres para acelerar
los procesos de reparación del tejido social y crear nuevas dinámicas de
resolución de problemas complejos. No parece ésta una etapa en la que puedan
aceptarse dilaciones en el diseño de planes mensurables y compromisos
fehacientes sobre: licencias por nacimiento, equidad laboral, jardines
maternales, horarios compatibles, asistencia económica, prevención en salud
sexual y reproductiva, aborto, parto humanizado, educación sexual, violencia
de género, trata de mujeres, prostitución infantil, adopción. Es necesario
romper la inercia y aceptar la potencia transformadora de la cultura
feminista hacia una revolución que pretende equidad y solidaridad.

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Por Rafael Barca *


El Estado debe...

La violencia de género afecta a miles de mujeres. Sin embargo, este tema aún
no es tratado por las autoridades con pertinencia. Es necesario que definan
un plan integrado y efectivo que muestre que esta violación de los derechos
humanos es abordada como un problema de Estado. La violencia de género tiene
su caldo de cultivo en la discriminación que sufren las mujeres diariamente.
Por ello, la lucha contra la violencia hacia la mujer tiene que ir unida a
la lucha por la igualdad de género. El reto es grande, ¿por dónde empezar?
Como mínimo, el Estado argentino debería, este año, comprometerse
públicamente con la erradicación de la violencia contra la mujer;
desarrollar un sistema nacional de estadística sobre este tema para contar
con datos precisos para la definición de políticas pertinentes; instalar una
mesa estatal en contra de la violencia de género que reúna a los diferentes
poderes del país para coordinar medidas efectivas, y revisar el sistema
educativo para que esté libre de estereotipos de género y que las escuelas
sean un lugar seguro para las niñas.

- Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Argentina.

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