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Enviado el: martes, 04 de marzo de 2008 15:23
Para: Rima
Asunto: [RIMA] La "buena conducta" como metodo de exclusion
Para RIMA de P. 12
Martes, 04 de Marzo de 2008
En Corrientes, para inscribirse en escuelas medias y terciarias piden un
certificado policial La buena conducta como método de exclusión
Organizaciones de derechos humanos, el sindicato de docentes y el Inadi
pidieron la derogación del requisito por "discriminatorio" y "excluyente".
Las autoridades educativas de la provincia justificaron la medida, aunque
aclararon que "no es obligatoria".
El gremio docente, que ayer cumplió una jornada de paro por reclamos
salariales, denunció el requisito por "discriminatorio".
Por Mariana Carbajal
En la provincia de Corrientes se pide un certificado policial de buena
conducta para la inscripción de adolescentes y jóvenes en escuelas medias e
institutos terciarios y de capacitación laboral. Organizaciones defensoras
de los derechos humanos, la oficina local del Inadi y el Sindicato Unico de
Trabajadores de la Educación (Suteco) calificaron la exigencia como
"discriminatoria" y "excluyente" y pidieron al gobierno provincial que la
elimine. La directora de Enseñanza Media provincial, Nélida Cedrolla,
admitió que ese requisito se solicita en algunos establecimientos, pero
aseguró que "no es obligatorio". De todas formas, justificó la medida: "Es
muy importante como medida preventiva para las autoridades de los
establecimientos educativos", afirmó. Especialistas en educación
cuestionaron en durísimos términos el requisito.
"Hemos detectado que en algunas escuelas secundarias públicas y en
institutos terciarios y de capacitación laboral se exige para la
inscripción, junto con el DNI y el certificado que acredita el nivel de
instrucción, un certificado de buena conducta expedido por la Policía
provincial", precisó a Página/12 Hilda Presman, de la Comisión de Derechos
Humanos de Corrientes. Entre otros lugares, exigen el certificado policial
el Instituto de Formación Superior Islas Malvinas y los institutos de
formación en idioma y en música de la capital provincial, enumeró Presman.
"Si la directora de Enseñanza Media dice que no es obligatorio, entonces
¿para qué lo piden? Lo hacen por el puro gusto de discriminar y
estigmatizar, o descartar al que tuvo antecedentes penales", consideró
Presman. "Porque el que sabe que tuvo problemas con la Justicia es probable
que ni siquiera se anime a inscribirse. Me preocupa que en los lugares en
que se puede obtener una salida laboral inmediata, como los institutos de
capacitación laboral, en vez de facilitar el acceso a jóvenes en riesgo se
lo obstaculiza", agregó.
La Comisión de Derechos Humanos de Corrientes junto con la Red Provincial de
Derechos Humanos, la sede local del Inadi y el Sindicato Unico de
Trabajadores de la Educación (Suteco) elevaron en las últimas semanas una
nota al Ministerio de Educación de la provincia en la que reclamaron la
derogación de ese requisito de inscripción que calificaron como una práctica
residual del "autoritarismo que conformaron un sistema educativo excluyente
y no democrático".
"Si el aspirante hubiera cometido alguna infracción a normas, el haber
saldado con cumplimiento de pena su delito, lo reinserta como ciudadano
pleno. Y aun mientras está cumpliendo pena, goza del derecho a recibir
educación acorde a su nivel de escolaridad", señalaron las organizaciones en
un comunicado de prensa. Y agregaron: "Todos los estudios que sistematizan
el comportamiento de personas privadas de la libertad y de aquellas que ya
han egresado de la reclusión, demuestran que la educación determina el éxito
de la reinserción social, por lo que la exigencia del certificado de buena
conducta carece de sentido y suma un escollo económico y de tiempo a las
gestiones de ingreso".
La exigencia no es nueva en Corrientes en el nivel superior. Este año,
además, se agregó en algunas escuelas secundarias. "El año pasado tuvimos
que intervenir por un aspirante a ingresar a primer año del profesorado de
Educación Física de la ciudad de Corrientes, a quien le negaron la
inscripción por no presentar el certificado. Hicimos una denuncia judicial y
las autoridades educativas se retractaron. Pensamos que este año no iban a
volver a insistir", indicó a Página/12 la educadora Elsa Sartor, profesora
del Instituto de Servicio Social de la capital provincial e integrante de la
Red Provincial de Derechos Humanos. A su nieta le pidieron el certificado
policial para inscribirse en el colegio secundario Hipólito Yrigoyen, de la
misma ciudad.
La directora de Enseñanza Media de Corrientes, Nélida Cedrolla, salió a
responder las críticas. En declaraciones a medios provinciales afirmó que
"si bien no es un requisito fundamental y obligatorio presentar el
certificado de buena conducta para la inscripción, es muy importante como
medida preventiva para las autoridades de los establecimientos educativos".
La funcionaria insistió en que "no es una cosa obligatoria, aquel tutor que
no quiera presentar, puede no hacerlo". Pero reconoció que en algunas
escuelas con problemas de inseguridad sí se puso más énfasis en la
presentación de ese documento. Página/12 intentó hablar con Cedrolla, pero
ayer no la encontró en su despacho. En su lugar, respondió Ana María
Alsogaray, supervisora general de Enseñanza Media.
-Si no es obligatorio y ustedes alegan que tampoco es excluyente, ¿cuál es
el espíritu de pedir ese certificado? -le preguntó este diario.
-Es parte de los antecedentes del chico que el establecimiento debe tener.
Pero no es una cuestión que lo deje afuera -aseguró.
"Yo, como docente, tengo que saber en cuál contexto está mi establecimiento
educativo, pero no cuáles son los antecedentes de un chico en particular. No
se puede plantear esta diferenciación", opinó Sartor.
Gerardo Marturet, dirigente de Suteco y secretario de Derechos Humanos de
Ctera, anunció a este diario que desde el gremio se hará una presentación
ante el Inadi. "En la medida en que un joven o un adolescente tiene
antecedentes penales y le piden el certificado es muy probable que ni
siquiera se vaya a presentar después a la escuela. Finalmente es un
requisito discriminador y excluyente, aunque en el gobierno aleguen que no
es obligatorio. Muchas jóvenes no saben qué derechos tienen y tampoco los
reclaman", opinó Marturet. Ayer en Corrientes no empezaron las clases: fue
una de las siete provincias que tuvieron paro docente en el primer día del
ciclo escolar.
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