RV: [RIMA] Violencia/ Ley de España

-=+=- -=+=-
Por favor, si utiliza la información que se brinda en esta lista, cite la/s fuente/s. Gracias.
-==-===-==-
Para desuscribirse envíe un correo electrónico a: rima-lista-request@tau.org.ar y en el asunto escriba: unsubscribe
-=+=- -=+=-
Podés recibir o enviar gacetillas a través de la lista *Gacetillas-RIMA*
suscribiéndote en la página de la lista: http://tau.tau.org.ar/cgi-bin/mailman/listinfo/gacetillas_rima/
---------------------
*RIMA-lista* es un servicio gratuito de la RIMA - Red Informativa de Mujeres de Argentina, Rosario, Santa Fe, Argentina.
No deje de visitar nuestro sitio RIMAweb: http://www.rimaweb.com.ar/
No dejes de visitar nuestro blog *Mujeres a bordo*: http://mujeresabordo.blogspot.com/
-----Mensaje original-----
De: rima-lista-bounces@tau.org.ar [mailto:rima-lista-bounces@tau.org.ar] En
nombre de Mariana Carbajal
Enviado el: viernes, 13 de junio de 2008 18:31
Para: rima-lista@tau.org.ar
Asunto: [RIMA] Violencia/ Ley de España

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-105948-2008-06-13.html

UNA JUEZA EXPLICA COMO CAMBIO LA SOCIEDAD ESPAÑOLA CON LA LEY CONTRA LA
VIOLENCIA DE GENERO

"Se acabó la sensación de impunidad"
Montserrat Comas d'Argemir i Cendra es presidenta del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial español. En esta
entrevista, analiza los avances logrados en su país después de tres años de
una ley inédita y pionera.

Por Mariana Carbajal

"Hemos conseguido acabar con la sensación de impunidad que existía respecto
de los delitos de violencia contra las mujeres", destaca la jueza catalana
Montserrat Comas d'Argemir i Cendra, presidenta del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial español. El próximo 29 de
junio se cumplirán tres años de la implementación en su país de la Ley de
Protección Integral contra la Violencia de Género. Su aplicación, dice, ha
obtenido diversos logros: entre ellos, pasar de un 60 por ciento de procesos
por maltrato que terminaban con sentencias absolutorias, a un 70 por ciento
de fallos condenatorios. En un reportaje con PáginaI12, esta magistrada
comprometida desde su época de estudiante con las luchas feministas, analizó
el impacto de la ley, la primera que envió al Parlamento el presidente José
Luis Rodríguez Zapatero al llegar al gobierno en 2004, que es considerada
pionera en la materia, por la amplitud de medidas que prevé –más allá del
ámbito judicial– para enfrentar el fenómeno de la violencia machista.

Comas d'Argemir viajó a Buenos Aires para participar del III Congreso de la
Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, que se realiza en la
Facultad de Derecho de la UBA y termina hoy. El tema del encuentro es el
acceso a la Justicia. La jueza española se ha especializado en la violencia
de género. Y sobre ese tema expuso ayer en una mesa redonda que compartió
con la ministra de la Corte Suprema Carmen Argibay, entre otras letradas.
Comas d'Argemir está casada y tiene dos hijos. Su currículum es extenso.
Actualmente es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona en la
Sección Penal. Además, es vocal del Consejo General –el órgano de gobierno–
del Poder Judicial, donde creó y preside el Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género.

–¿Qué balance han hecho desde el Observatorio de la aplicación de la Ley de
Protección Integral contra la Violencia de Género?

–Desde el punto de vista de la administración de Justicia podemos destacar
distintos logros: uno de los pilares ha sido la creación de 83 juzgados
especializados en violencia de género. Gracias a ellos se está dando
respuesta eficaz a las víctimas. Primero, porque tanto jueces como fiscales
y abogados son personas formadas, especializadas no sólo en la aplicación de
la ley, sino también en las causas que originan esta violencia. Otro aspecto
importante es que son competentes también para actuar en divorcios y
separaciones cuando lo solicita cualquiera de las partes y hubo previamente
una denuncia de violencia. Es importante porque ya no hay descoordinación
entre el procedimiento civil y el penal, aunque son procesos separados. Son
juzgados a los que se le han otorgado medios y donde se han creado unidades
de valoración forense, con un médico forense, un psicólogo y un trabajador
social, que realizan los informes judiciales del riesgo al que está expuesta
la víctima.

–En la Justicia argentina esos informes a veces suelen demorar bastante. ¿En
qué tiempo están disponibles en España?

–Hemos logrado que los jueces puedan disponer en los servicios de guardia
del resultado de esos informes, que son fundamentales para evaluar si hay
que tomar medidas precautorias de protección a la víctima. Otro de los
objetivos que hemos conseguido es acabar con la sensación de impunidad.
Antes de la ley las organizaciones de mujeres decían que era prácticamente
inútil denunciar, porque los jueces no les otorgaban medidas cautelares. Las
estadísticas judiciales demuestran que previo a la ley el 60 por ciento de
los juicios terminaba en sentencias absolutorias. Quiere decir que se
cuidaba poco la prueba desde el ministerio fiscal y la defensa. Esto se ha
invertido en estos tres años: hoy el 70 por ciento de los procesos en los
juzgados especializados acaba con condena.

–¿A qué adjudica el cambio?

–Yo lo explico en razón de que ahora es una prioridad para jueces y fiscales
tramitar estas actuaciones, recabar y cuidar las pruebas. También se ha
notado una especialización de las fuerzas de seguridad –también lo manda la
ley– que antes o no entendían las denuncias de violencia de las mujeres o
minimizaban el problema. Ahora se investiga mejor y se le da más importancia
al delito. La ley española ha sido pionera en distintos aspectos. Por un
lado, porque en un mismo texto legal concentra medidas interdisciplinarias:
desde acciones contra la publicidad sexista hasta educativas y sociales;
también la creación de refugios, entendidos como lugares de recuperación
integral de las víctimas desde un punto de vista psicológico y económico,
con la finalidad de que puedan volver a tener su autoestima alta y que
puedan volver a trabajar. Parte de la solución es lograr que puedan tener
fuentes de ingresos propios y no tengan que depender económicamente del
agresor. Por lo tanto el diseño de las políticas laborales es muy importante
en la ley. Otro aspecto interesante de la norma es la amplia definición del
delito de violencia de género: desde malos tratos sin lesión, amenazas,
maltrato psíquico, físico y psíquico habitual, y trato degradante hasta el
asesinato.

–¿Cuál es la función del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género que usted preside?

–Se creó en 2002 como instrumento de análisis, para aportar nuestro grano de
arena como poder público en la colaboración con otros poderes en este
combate público prioritario para acabar con la violencia que se ejerce
contra las mujeres. Nos propusimos tener buenas estadísticas judiciales, que
son más viables para conocer la dimensión del problema. Por eso en España se
cuentan las víctimas asesinadas y se dan a conocer cuántas son.

–¿Cuántas son?

–Unas sesenta por año, en una población de 40 millones de habitantes,
asesinadas a manos del marido, ex pareja, o compañero sentimental. En estos
tres años no hemos podido reducir esa cifra. Y ese hecho lo han tomado los
detractores de la ley para cuestionarla. Pero hay que pensar que la ley es
un instrumento para cambiar las realidades sociales, pero sus resultados
suelen ser lentos.

–¿Qué sectores cuestionan la ley?

–En estos tres años ha habido un discurso ideológico de contraataque a la
ley, sobre todo hombres separados o divorciados que se han agrupado, que
dicen que la ley los discrimina porque introduce un plus de protección a las
mujeres con medidas económicas y sociales y cuestionan que agrava las penas
de los delitos cuando se cometen en el ámbito del hogar contra la pareja o
ex pareja. Por este último aspecto fue planteado un recurso de
inconstitucionalidad. Pero el Tribunal Constitucional, el 15 de mayo acaba
de avalar la ley diciendo que no todo trato desigual vulnera el principio de
igualdad, porque se están abordando situaciones desiguales, teniendo en
cuenta que la violencia de género es la mayor desigualdad al interior de la
pareja, consecuencia de patrones culturales machistas, es una desigualdad
estructural. En pleno siglo XXI y después de 30 años de democracia en
España, todavía hay hombres que, aprovechándose de una situación de
superioridad, utilizan la violencia como instrumento para mantener
relaciones de dominio, de poder, creyéndose que las mujeres son de su
propiedad. En las relaciones de pareja se dan los mayores actos violentos e
incluso mortales.

–¿Aumentaron las denuncias?

–En 2007 hubo 120 mil. Se observa cómo progresivamente en cada trimestre se
van incrementando. Este aumento lo valoramos como positivo a diferencia de
otros delitos, porque significa que está aflorando un fenómeno que estaba
oculto. Las mujeres se están animando a denunciar. Se han dictado 82 mil
órdenes de protección, que significan medidas cautelares que prohíben al
agresor acercarse a la víctima, a su casa, en su trabajo.

–¿Cuántas condenas han tenido?

–En dos años y medio, 50 mil. A los resultados obtenidos con esta ley nos
está ayudando la aplicación de otra norma, la Ley de Igualdad Efectiva entre
Hombres y Mujeres, que se aprobó el año pasado.

–¿Cuáles son sus aspectos más importantes?

–Partiendo del reconocimiento de que la igualdad real no se ha conseguido,
dispone medidas para intervenir especialmente en el ámbito laboral: para
conseguir la igualdad de salario, para aumentar el porcentaje de mujeres que
trabajan, para terminar con la discriminación y poder lograr que en los
directorios de las empresas se vayan incorporando mujeres. En este caso, no
impone cuotas, sino que estimula a las empresas con bonificaciones. En el
único lugar donde la ley ha traducido la igualdad en obligatoria en la ley
electoral, y entiende la paridad como 60-40, es decir, que ninguno de los
dos sexos puede estar representado más allá de esos porcentajes. Esta ley ha
servido para poner en el tapete el debate acerca de las situaciones de
discriminación que todavía existen en España. Creo que su principal efecto
ha sido pedagógico. Hace mucho tiempo que el discurso de la igualdad era un
tema feminista y con el presidente Rodríguez Zapatero pasó a ser una
política de Estado. Con su nueva gestión, no sólo se nombraron más mujeres
que varones en el gabinete de ministros, sino que se creó por primera vez un
Ministerio de la Igualdad. Es una forma de visibilizar que su política de
igualdad real es un objetivo prioritario.